El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, detalló la estructura de un clan mafioso que operaba en el periodo de gobierno de la señora Jeanine Añez, donde Arturo Murillo y Fernando López, eran ministros y están involucrados en una serie de actos de corrupción en torno a la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio.
El FBI de los EEUU, investigó al señor Rodrigo Méndez Mendizábal por los delitos de soborno y lavado de dinero, por lo que procedió a su aprehensión, “por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras (…), que dice que es ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor directa o indirectamente a un oficial extranjero”, indicó.
Acorde a un informe realizado por un agente federal de los EEUU, Méndez se benefició con un soborno de 582 mil dólares por viabilizar la compra de gases lacrimógenos con una empresa intermediaria. Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld fueron participes de este acto de corrupción y son quienes ejecutaron esta transacción irregular, el soborno.
El ministro recordó que el gobierno de facto, al poco tiempo de hacerse del poder, aprobó el Decreto Supremo 4090 que permitía de forma excepcional la compra de gases antidisturbios y antimotines por el ministerio de Defensa. Poco tiempo después se realizó una orden de compra de la empresa Bravo Tactical Solutions, de propiedad de Berkman, a la empresa Cóndor del Brasil, generando un daño económico de 2,3 millones de dólares.
La autoridad especificó la forma en la que se dividió el dinero malversado entre los componentes de este clan mafioso, la empresa Bravo Tactical Solutions hizo un reparto de miles de dólares entre Rodrigo Méndez, Philip Lichtenfeld, Arturo Murillo y un familiar de Fernando López.
“Estamos hablando que el núcleo principal (del clan) sería Añez, el señor Arturo Murillo y el señor López Julio quienes habrían desfalcado al gobierno boliviano. Está no es una investigación completamente nacional, esta investigación no es persecución política, esta investigación viene desde el gobierno de los Estados Unidos y está buscando de alguna manera frenar la corrupción transnacional que se ha sentado aquí durante la gestión de la señora Añez”, concluyó.