Luego de la presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos luctuosos acaecidos en 2019 durante el Golpe de Estado en Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que seguirán las recomendaciones realizadas por el ente internacional, con prioridad, la reparación integral de las víctimas y el desbaratamiento de organizaciones irregulares y grupos parapoliciales.

“Lo que no está pidiendo esta Comisión Internacional es que recuperemos la verdad, que vayamos en camino a la justicia, pero también una reparación integral a las víctimas de Senkata, Sacaba, Montero, Huayllani, toda la zona Sur del departamento de La Paz y otros departamentos”, manifestó.

El ministro indicó que se continuarán con las investigaciones contra funcionarios públicos que vulneraron la ley, así como aquellos efectivos policiales que coadyuvaron en quitar la vida a compatriotas bolivianos, durante el Golpe de Estado de 2019, pues estos actores “permitieron las vulneraciones a los Derechos Humanos en nuestro país”.

“El Grupo GIEI ha sido taxativo, ha sido claro, y manifiesta que lo que ha habido en el territorio nacional, han sido ejecuciones sumarias, básicamente se ha perseguido a quienes pensaban distinto por temas raciales y por temas ideológicos y si nosotros permitimos que exista impunidad dentro del territorio nacional, lo único que vamos a fomentar es que en un futuro vuelva a suceder esto, no queremos más impunidad, queremos justicia para aquellas personas que perdieron la vida”, señaló.

Por último, la autoridad manifestó que continuará el trabajo de desarticular a grupos parapoliciales e irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala, pues “han causado zozobra terror y múltiples lesiones a estantes y habitantes de nuestra hermosa patria”, y no solo es un mandato del Grupo GIEI, sino un mandato que ya había realizado por la CIDH en la gestión 2019.

“El GIEI no duda en llamar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres (…), hubo uso de la fuerza de manera excesiva y desproporcionada”, señaló en una de sus conclusiones, Patricia Tappatá, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien entregó el documento final en el auditorio del Banco Central de Bolivia.