El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ratificó que en el país no existe persecución política, sino el seguimiento a un debido proceso emanado desde la justicia boliviana, a personas investigadas en diferentes casos, como los ex ministros de Jeanine Añez, y la misma ex senadora.
“En la gestión 2019 si existió una persecución política y se perseguía a las personas quienes pensaban distinto, ahora estamos hablando de un proceso iniciado en 2020 y el proceso sigue su curso, se ha respetado los derechos constitucionales de las personas investigadas y se ha respetado el debido y proceso y lo único que ha hecho el ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, es ejecutar ordenes de aprehensión de acuerdo lo determina la justicia boliviana”, manifestó.
Del Castillo, indicó que, en 2019, la ex senadora Jeanine Añez, vulnero la Constitución Política del Estado y los reglamentos de la cámara de Diputados y Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, situación por la cual, hoy es juzgada.
“Se ha iniciado un proceso penal, un proceso judicial en contra de las personas que habrían propiciado un golpe de Estado en nuestro país (…), el reglamento general de la cámara de Senadores establece que la mayor fuerza política es la que debe tener la presidencia del Senado, independientemente de la renuncia de la ex senadora Adriana Salvatierra, o el ex Diputado Víctor Borda, la presidencia de ambas cámaras de acuerdo al reglamento le corresponde a la mayor fuerza política y el movimiento demócrata jamás fue la mayor fuerza política”, aseveró.
Indicó que los derechos de todas las personas que tienen un juicio o que son enviadas a los centros penitenciarios del país, incluidas las ex autoridades, son respetadas, y por ello, él en persona, se trasladó hasta el Beni, para corroborar este trato.
“Yo me constituí personalmente en el departamento del Beni para evitar que se vulneren todos los derechos o cualquier derecho en contra de los ex ministros en contra de Jeanine Añez y no han sufrido ningún tipo de violencia, ni si quiera psicológica”, afirmó.
Detalló que Añez no es enjuiciada por las masacres de Senkata, Sacaba o Huayllani, o por la malversación de fondos durante el Gobierno De Facto, sino por haber por haber propiciado un golpe de Estado y por no haber cumplido de manera legal la forma de sucesión que establece la CPE y el reglamento de ambas cámaras.
“Lo que nos interesa a nosotros como Gobierno boliviano, es que exista justicia por todas las muertes, percusiones, detenciones arbitrarias durante la gestión de la señora Jeanine Añez, lo que nos interesa como Gobierno es reactivar la economía en nuestro país, generar mejores condiciones de salud y de vida para todo el pueblo boliviano”, concluyó.