En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dio a conocer la ruta por donde circulaba el dinero proveniente de la corrupción de la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Las investigaciones realizadas determinaron que existió un sobreprecio de 2,3 millones de dólares en la adquisición del material antidisturbios, mismos que fueron distribuidos entre los componentes de un clan mafioso.

La autoridad especificó que acorde a los informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos en Florida, contrastada con los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), “se ha podido trazar la ruta de parte del dinero de la corrupción del gobierno de Áñez vinculado a la compra de gases lacrimógenos”, dijo.

En su intervención señaló los tres Decretos Supremos que viabilizaron la compra de dicho material: DS 4090 que autoriza al Ministerio de Defensa a la adquisición excepcional de este armamento no letal, DS 4146 que posibilita la contratación directa en el extranjero y finalmente el DS 4168 que faculta la transferencia de este armamento a la Policía Boliviana.

Detalló que el 19 de diciembre de 2019 el Ministerio de Defensa suscribió un convenio con la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) por el monto de 5,6 millones de dólares. El 13 de enero de 2020 el ministro Fernando López intentó realizar un giro, a través de su cartera, de $5,649,137 millones a la empresa citada. Paralelamente Arturo Murillo viajó a los EEUU donde se reuniría con el señor Berkman, representante de BTS. Casualmente ese mismo día abre una cuenta bancaria a su nombre y retorna a Bolivia.

“Abren una cuenta en los EEUU y tres días más tarde intentan, a través del Banco Central de Bolivia, la trasferencia de 5,6 millones de dólares”, denuncio Del Castillo.

A fines de enero del 2020 el banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago del monto total del contrato con la empresa BTS dado que recientemente se había creado una cuenta para realizar el depósito de 5,6 millones de dólares por lo que devuelven el dinero. Luego, en marzo de ese año, se hace un primer pago de 3.9 millones a través del Banco Central de Bolivia a la empresa BTS y posteriormente, en abril, se transfieren 1,7 millones, haciendo el total de 5,6 millones de dólares. Finalmente, BTS adquiere el material de la empresa Cóndor por el valor de 3,3 millones, obteniendo una diferencia de 2,3 millones de dólares.

“Este monto, 2,3 millones de dólares era el sobreprecio repartido entre todos y cada uno de los elementos del clan mafioso de la señora Jeanine Áñez”, develó la autoridad.

Del Castillo denunció una serie de sobornos que se realizaron con el monto producto del sobreprecio. El primero fue a Rodrigo Méndez, quien recibió la suma en efectivo de USD 582.000 de manos de un familiar cercano de Philip Lichtenfeld, parte de este dinero fue para Arturo Murillo.

El segundo soborno fue para Philip Lichtenfeld quien recibió tres trasferencias bancarias de BTS por un monto de USD 920.000. Según el reporte bancario de las transacciones el cliente beneficiario figura como “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center de Santa Cruz y la inmobiliaria “El Doral” de Cochabamba.

“La buena noticia que podemos manifestar al pueblo boliviano es que ya tenemos identificado donde se encuentra el dinero de la corrupción y gran parte de estos recursos han sido invertidos en la construcción del World Trade Center de Santa Cruz y en la inmobiliaria El Doral”, aseveró el ministro.

El tercer caso se refiere al depósito bancario por USD 20 mil a un familiar del ex ministro de Defensa, Fernando López. El deposito fue realizado por Philip Lichtenfeld gracias a la intermediación del señor Berkman.

El cuarto soborno fue para el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien recibió dos transferencias bancarias de parte de BTS, el monto otorgado fue de USD 179.000. Acorde al Departamento de Investigaciones Murillo cierra su cuenta bancaria en noviembre de 2020 sacando dos cheques de USD 130.000 cada uno. Más tarde, en enero de 2021, Philip Lichtenfeld le hace un depósito adicional de USD 30.000, todo el dinero adquirido por Murillo fue producto de la corrupción y la malversación.

“Vamos a trabajar como ministerio de Gobierno para recuperar cada centavo que se le ha robado al pueblo boliviano durante la pandemia. Han utilizado la excusa de comprar gases lacrimógenos para robarse 2,3 millones de dólares”, sentenció finalmente el ministro.