Ministro de Gobierno acusa tráfico ilícito de armas a los ex comandantes de la Policía Bolivia y Fuerza Aérea

“Hay dos tipos de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno de manera legal que fue autorizado por el IICUP con nota previa en cancillería específicamente para brindar seguridad a la Embajada Argentina y otro armamento antidisturbios no autorizado, debido que no cuenta con ningún tipo de registro formal ni ha seguido los procedimientos establecidos en la Ley 400”

En conferencia de prensa desarrollada en las instalaciones de la Academia Nacional de Policías, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dio a conocer de forma pormenorizada el ingreso irregular de material antidisturbios durante la gestión del Gobierno de Facto, dichos insumos fueron proporcionados por la administración del entonces presidente argentino, Mauricio Macri. La autoridad calificó como tráfico ilícito de armas a este envío.

El ministro de Gobierno realizó un repaso de los hechos más relevantes acaecidos durante el Golpe de Estado de noviembre de 2019, destacando el rol que desempeñó el gobierno argentino de aquel entonces que colaboró abiertamente con régimen de Jeanine Añez.

“El 11 de noviembre, el embajador de Argentina en Bolivia envía una nota a la Cancillería solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para la Agrupación de Fuerzas Especiales denominada “Alacrán” de la Gendarmería de Argentina, las que se usarían en el Estado Plurinacional de Bolivia”, señaló la autoridad.

Del Castillo informó que la Policía Boliviana autorizó la internación y el porte temporal en Bolivia de armas de fuego, municiones y materiales vinculados con la agrupación de fuerzas especiales “Alacrán” de la Argentina las que fueron solicitadas por la Embajada de ese país mediante la Cancillería con el fin de resguardar sus instalaciones.

También indicó que el material señalado fue trasladado por un avión Hércules C-130 desde la Argentina a Bolivia, arribando el 13 de noviembre en la ciudad de La Paz. Señaló que cumpliendo con las instrucciones del entonces comandante de la Policía Boliviana es que efectivos policiales se dirigieron al Hotel Plaza Real (ex Hotel Radisson) para recoger a personal diplomático argentino y trasladarlos al aeropuerto internacional de El Alto para el descargo del material.

“De esta nave baja personal autorizado uniformado argentino quienes descargaron cajas plásticas, cajas de madera, cajas embaladas con estopines, municiones y otros. Este personal uniformado indicó que la coordinación ya se habría realizado con el Comandante General de la Policía Boliviana”, señaló Del Castillo.

El 13 de noviembre el material señalado fue trasladado a la Residencia Argentina para luego ser entregado a la Policía Boliviana, el ministro denunció que los efectivos policiales recibieron, sin ningún tipo de documentación, “cajas de municiones, cajas de proyectiles, cajas de granadas” destinadas para la policía y también para la Fuerza Aérea.

“Hay dos tipos de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno de manera legal que fue autorizado por el IICUP con nota previa en cancillería específicamente para brindar seguridad a la Embajada Argentina y otro armamento antidisturbios no autorizado, debido que no cuenta con ningún tipo de registro formal ni ha seguido los procedimientos establecidos en la Ley 400”, denunció el titular de Gobierno.

La autoridad aseveró que, de forma irregular, han ingresado al país cerca de 27 mil cartuchos de perdigones de goma, 28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS, este lote de material antidisturbios no se insertó cumpliendo con la normativa legal vigente.

Es en ese contexto que el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros, envía una nota de agradecimiento a Normando Álvarez García, el embajador de Argentina en Bolivia en ese tiempo, pero la nota establece otras cantidades a las que se encontraron en las bodegas de la Policía Boliviana lo que hace presumir que las Fuerzas Armadas obtuvieron mayor material.

“Hasta aquí podemos ver que existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano, no solo pidiendo apoyo para material antidisturbios a Argentina y Ecuador, sino que este plan ya venía organizado desde el 24 de julio del año 2019 cuando sin motivo aparente el Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos ya hablaba de “fraude electoral” sin prueba alguna”, afirmó el ministro Del Castillo.

La autoridad mostró a la prensa una serie de diapositivas donde se evidenciaba el ingreso irregular de municiones que tenían el objeto de reprimir al pueblo boliviano, fotografías evidenciaron todo el material insertado que no se enmarcaba en lo que establece la Ley 400 que norma, regula y controla la importación, exportación e internación de armas de fuego, explosivos, municiones entre otros.

“Es en este sentido que quiero mencionar que el general Terceros de la Fuerza Aérea, el general Yuri Calderón (de la Policía Boliviana) y el embajador de argentina en Bolivia del gobierno de Macri han vulnerado los artículos seis, 26, 28, 29 de la Ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley”, expresó la autoridad de Gobierno.

El ministro enfatizó que una parte del material antidisturbios que ingreso al país se hizo de forma reglar, sin embargo, una gran cantidad de municiones no cumplieron con los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente por lo que se puede establecer que las acciones cometidas por los comandantes de aquel entonces serian enmarcadas dentro del tráfico ilícito de armas.

“Precisamente lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, ex comandante de la Policía Boliviana, el señor Jorge Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea y el embajador de Argentina en Bolivia es tráfico ilícito de armas. Y para los personeros, tanto policiales como militares, de acuerdo al artículo 141 (…) dice que esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o por personal policial”, concluyó la autoridad.