Durante la rendición de cuentas del ministerio de Gobierno, realizada en la ciudad de Santa Cruz, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, manifestó que solo se cumplieron con el 33% de los compromisos realizados para 2020, gracias a las instituciones externas que coadyuvan con este tema, pues si solo se tratará de la entidad estatal, esta cifra rondaría el 20% o 25%.
“La Seguridad Ciudadana es un sistema integral porque tiene que articular desde la primera persona hasta la última autoridad y complementario porque se debe conjuncionar habilidades institucionales, profesionales y de competencia”, manifestó.
Uno de los compromisos que tenía el ministerio de Gobierno durante la gestión 2020, era realizar el proyecto de Resolución Ministerial para la Inspección técnica a remolques y semirremolques, y así llevar a cabo el proceso de inspección técnica vehicular, mismo que no ha sido implementado y este 2021 se hará efectivo con el gobierno democráticamente electo.
El 2020, también debía realizarse la Décima Cumbre de Seguridad Ciudadana, el mes de abril, misma que fue incumplida por el Gobierno De Facto, “y todo el gasto de gobernaciones, municipios, compromisos con la policía y la sociedad civil para luchar contra la violencia y la delincuencia, no se han cumplido, o han sido malgastados o desviados”, manifestó el viceministro.
Además, el pasado año, se debía declarar como el año de la “Lucha contra el Feminicidio e Infanticidio”, puesto que en 2019 se dejaron las directrices para esta declaración, misma que se consumó recién el mes de octubre, aprobando la estrategia, pero sin validarla, es decir, “se ha cumplido a medias”, pues solo las ONG’s han cumplido con el compromiso.
Un cuarto compromiso fue el Desarrollo y Actualización Normativa en materia de Seguridad Ciudadana, donde las anteriores autoridades dejaron un compendio de normas para atacar la lucha contra la violencia y contra la delincuencia que no fue tomado en cuenta; asimismo un anteproyecto de ley de seguridad vial que ha quedado truncado y otra norma para mejorar el observatorio de seguridad ciudadana que ha sido estancada. También el reglamento operativo de empresas privadas de seguridad no fue revisado, lo que significa que no se implementaron cambios en la Políticas Gubernamentales.
El quinto punto, sobre la capacitación a todos los operadores de justicia: jueces, fiscales, investigadores, organizaciones sociales, instituciones, ONG’s y personal civil, se cumplió de manera parcial, pues el viceministerio no lo aplicó, pero si las ONG’s.
El sexto objetivo, de implementar las Estaciones Policiales Integrales (EPI), arroja como resultados la implementación de tres, una en Santa Cruz, en La Paz y en Yacuiba, emergentes de 2019, ya que el 2020 no se implementó ningún tipo de apoyo y no hubo integración a la Seguridad Ciudadana.
Lazcano, indicó que como viceministro se han intervenido en lugares de conflicto, solucionando los problemas con diálogo, se han reactivado los planes de lucha contra la violencia, y se coordina con la Policía Boliviana el Plan “Por una Bolivia Mejor”.